La huelga indefinida de las escuelas infantiles de la región, que ya va por su tercera semana, ha derivado en un nuevo choque frontal entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Sánchez. En concreto, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo , ha abierto la semana con una carta dirigida a la ministra Milagros Tolón para exigirle que asuma sus competencias y regule la rebaja de los ratios en el primer ciclo de Educación Infantil, y evite así el daño que, a su juicio, está haciendo a los profesionales del sector y a las familias. En la carta enviada a la ministra de Educación, la consejera subraya que es «difícil de entender la actitud pasiva del Ministerio» ante los problemas que afectan al primer ciclo de Educación Infantil, «y muy especialmente a las condiciones laborales de sus profesionales». La consejera recuerda que con la aprobación de la Lomloe en 2020, el Gobierno central «decidió reservarse expresamente la regulación de este ciclo». «Así lo establece el artículo 14.7, que atribuye al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, la regulación de los requisitos de los centros que lo imparten, incluida la relación numérica alumno-profesor, las instalaciones y el número de puestos escolares».Noticia relacionada general No No ‘Madrid, región universitaria’, el plan de Ayuso con viviendas, IA y oferta cultural y deportiva Mariano CallejaZarzalejo denuncia que seis años después, esa regulación sigue sin existir. «Resulta especialmente grave que, mientras el Ministerio impulsa un anteproyecto de ley para regular ratios y condiciones educativas, haya dejado al margen el primer ciclo de Educación Infantil, pese a tratarse de un ámbito cuya regulación básica decidió asumir el Gobierno central, modificando el régimen competencial de la ley orgánica de Educación de 2006». La consejera del Gobierno de Ayuso señala, además, que es el propio legislador el que reconoce que la efectividad de esta regulación depende de una actuación a nivel estatal que, «hoy en día, no se ha producido». Zarzalejo asegura que la Comunidad de Madrid tiene «voluntad clara» de actuar y de atender las necesidades del sector, «pero este trabajo está condicionado a las respuestas del Ministerio, ya que la Comunidad no puede modificar unilateralmente esta normativa sin vulnerar el reparto competencial establecido por la propia Lomloe». Incluso advierte de que una actuación autonómica en ese sentido «podría ser contraria a la Constitución y objeto de recurso por el propio Ministerio», lo que podría ser un perjuicio para profesionales y centros.Actitud «desleal» del GobiernoLas críticas de la consejera de Ayuso no acaban ahí. Zarzalejo también lamenta la actitud institucional «desleal», algo que, a su juicio, está generando «confrontación en la calle y una tensión innecesaria en un sector especialmente sensible». Por eso, acusa al Gobierno de estar causando, con esta situación, «un daño directo a las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil y a las familias».Ante esta situación la consejera de Educación de Madrid solicita a la ministra Tolón que paralice la tramitación y aprobación del proyecto de ley, convoque a la mayor brevedad posible la Conferencia Sectorial de Educación y aborde todas estas cuestiones junto a las comunidades autónomas, «incorporando las reivindicaciones del primer ciclo de la Educación Infantil y garantizando una financiación estructural por parte de la Administración General del Estado, dado el evidente alcance nacional del problema». La huelga indefinida de las escuelas infantiles de la región, que ya va por su tercera semana, ha derivado en un nuevo choque frontal entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Sánchez. En concreto, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo , ha abierto la semana con una carta dirigida a la ministra Milagros Tolón para exigirle que asuma sus competencias y regule la rebaja de los ratios en el primer ciclo de Educación Infantil, y evite así el daño que, a su juicio, está haciendo a los profesionales del sector y a las familias. En la carta enviada a la ministra de Educación, la consejera subraya que es «difícil de entender la actitud pasiva del Ministerio» ante los problemas que afectan al primer ciclo de Educación Infantil, «y muy especialmente a las condiciones laborales de sus profesionales». La consejera recuerda que con la aprobación de la Lomloe en 2020, el Gobierno central «decidió reservarse expresamente la regulación de este ciclo». «Así lo establece el artículo 14.7, que atribuye al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, la regulación de los requisitos de los centros que lo imparten, incluida la relación numérica alumno-profesor, las instalaciones y el número de puestos escolares».Noticia relacionada general No No ‘Madrid, región universitaria’, el plan de Ayuso con viviendas, IA y oferta cultural y deportiva Mariano CallejaZarzalejo denuncia que seis años después, esa regulación sigue sin existir. «Resulta especialmente grave que, mientras el Ministerio impulsa un anteproyecto de ley para regular ratios y condiciones educativas, haya dejado al margen el primer ciclo de Educación Infantil, pese a tratarse de un ámbito cuya regulación básica decidió asumir el Gobierno central, modificando el régimen competencial de la ley orgánica de Educación de 2006». La consejera del Gobierno de Ayuso señala, además, que es el propio legislador el que reconoce que la efectividad de esta regulación depende de una actuación a nivel estatal que, «hoy en día, no se ha producido». Zarzalejo asegura que la Comunidad de Madrid tiene «voluntad clara» de actuar y de atender las necesidades del sector, «pero este trabajo está condicionado a las respuestas del Ministerio, ya que la Comunidad no puede modificar unilateralmente esta normativa sin vulnerar el reparto competencial establecido por la propia Lomloe». Incluso advierte de que una actuación autonómica en ese sentido «podría ser contraria a la Constitución y objeto de recurso por el propio Ministerio», lo que podría ser un perjuicio para profesionales y centros.Actitud «desleal» del GobiernoLas críticas de la consejera de Ayuso no acaban ahí. Zarzalejo también lamenta la actitud institucional «desleal», algo que, a su juicio, está generando «confrontación en la calle y una tensión innecesaria en un sector especialmente sensible». Por eso, acusa al Gobierno de estar causando, con esta situación, «un daño directo a las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil y a las familias».Ante esta situación la consejera de Educación de Madrid solicita a la ministra Tolón que paralice la tramitación y aprobación del proyecto de ley, convoque a la mayor brevedad posible la Conferencia Sectorial de Educación y aborde todas estas cuestiones junto a las comunidades autónomas, «incorporando las reivindicaciones del primer ciclo de la Educación Infantil y garantizando una financiación estructural por parte de la Administración General del Estado, dado el evidente alcance nacional del problema».
La huelga indefinida de las escuelas infantiles de la región, que ya va por su tercera semana, ha derivado en un nuevo choque frontal entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Sánchez. En concreto, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha abierto … la semana con una carta dirigida a la ministra Milagros Tolón para exigirle que asuma sus competencias y regule la rebaja de los ratios en el primer ciclo de Educación Infantil, y evite así el daño que, a su juicio, está haciendo a los profesionales del sector y a las familias.
En la carta enviada a la ministra de Educación, la consejera subraya que es «difícil de entender la actitud pasiva del Ministerio» ante los problemas que afectan al primer ciclo de Educación Infantil, «y muy especialmente a las condiciones laborales de sus profesionales».
La consejera recuerda que con la aprobación de la Lomloe en 2020, el Gobierno central «decidió reservarse expresamente la regulación de este ciclo». «Así lo establece el artículo 14.7, que atribuye al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, la regulación de los requisitos de los centros que lo imparten, incluida la relación numérica alumno-profesor, las instalaciones y el número de puestos escolares».
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Zarzalejo denuncia que seis años después, esa regulación sigue sin existir. «Resulta especialmente grave que, mientras el Ministerio impulsa un anteproyecto de ley para regular ratios y condiciones educativas, haya dejado al margen el primer ciclo de Educación Infantil, pese a tratarse de un ámbito cuya regulación básica decidió asumir el Gobierno central, modificando el régimen competencial de la ley orgánica de Educación de 2006».
La consejera del Gobierno de Ayuso señala, además, que es el propio legislador el que reconoce que la efectividad de esta regulación depende de una actuación a nivel estatal que, «hoy en día, no se ha producido».
Zarzalejo asegura que la Comunidad de Madrid tiene «voluntad clara» de actuar y de atender las necesidades del sector, «pero este trabajo está condicionado a las respuestas del Ministerio, ya que la Comunidad no puede modificar unilateralmente esta normativa sin vulnerar el reparto competencial establecido por la propia Lomloe». Incluso advierte de que una actuación autonómica en ese sentido «podría ser contraria a la Constitución y objeto de recurso por el propio Ministerio», lo que podría ser un perjuicio para profesionales y centros.
Actitud «desleal» del Gobierno
Las críticas de la consejera de Ayuso no acaban ahí. Zarzalejo también lamenta la actitud institucional «desleal», algo que, a su juicio, está generando «confrontación en la calle y una tensión innecesaria en un sector especialmente sensible». Por eso, acusa al Gobierno de estar causando, con esta situación, «un daño directo a las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil y a las familias».
Ante esta situación la consejera de Educación de Madrid solicita a la ministra Tolón que paralice la tramitación y aprobación del proyecto de ley, convoque a la mayor brevedad posible la Conferencia Sectorial de Educación y aborde todas estas cuestiones junto a las comunidades autónomas, «incorporando las reivindicaciones del primer ciclo de la Educación Infantil y garantizando una financiación estructural por parte de la Administración General del Estado, dado el evidente alcance nacional del problema».
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